Indice:

I.  PREÁMBULO HISTÓRICO. 1

II.  RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 3

III.  ARGUMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA. 5

IV. ESPECIFICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DENUNCIADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS. 6

1. Valladolid. 7

2. Alicante. 10

3. Burgos 12

4. Ávila. 12

5. Tarragona. 13

6. Santander 15

 

 

Fundación de Occidente           Arte en Peligro

Primera Asociación Nacional para la

Defensa del Patrimonio

Histórico-Artístico (1973)

 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO

 

SALA SEGUNDA  -   Causas especiales

 

 

 

 

·Jorge María Ribero-Meneses (D.N.I. 36.941.135 F), vecino de Santander y con residencia en la Urbanización Peña Verde número 26 (D.P. 39011), en su calidad de promotor del Ministerio de Cultura (año 1976), de fundador de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, Arte en Peligro (primera creada en España; 1973), de autor de la primera serie periodística escrita en defensa del Patrimonio (Una España que hemos de salvar; La Vanguardia, años 1973 a 1975), así como del primer libro publicado en España sobre esta misma materia (Una Catalunya que hemos de salvar; año 1977), y en su condición de presidente, en fin, de la Fundación de Occidente, expone:

 

 

I.  PREÁMBULO HISTÓRICO

 

La Península Ibérica fue otrora la región del planeta que poseía un Patrimonio Histórico-Artístico más rico y diverso, coherente con la mayor antigüedad de su Civilización, documentada ya en los yacimientos cantábricos hace más de 50.000 años. Lo que constituye un caso único en el mundo, al remontarse las culturas mediterráneas a las que absurdamente se atribuye la gestación de la Civilización, escasamente a 10.000 años y eso en el caso de la más antigua: la asirio-babilónica.

 

Ese inmenso legado acumulado por centenares de generaciones de Españoles, que no ha cesado de incrementarse y de enriquecer su diversidad a lo largo de esos cincuenta milenios, ha sufrido una larga sucesión de azotes y de agresiones, perpetrados por las constantes invasiones y guerras que ha padecido España. El Imperio Romano se cebó en el Patrimonio Monumental ibérico, que redujo literalmente a escombros, llegando incluso al extremo de atribuirse la autoría sobre algunas de sus obras más egregias. Roma arrasó Hispania y las huestes del Islam hicieron lo propio algunos siglos más tarde, redondeando esa labor la interminable sucesión de enfrentamientos protagonizados por los distintos reinos peninsulares, en lo que constituye la principal seña de identidad de la antigua Hiberia: su profundísimo y permanente espíritu de división y de discordia, sin parangón en ningún otro país del mundo.

 

Pero, salvedad hecha de la tabla rasa romana, los mayores azotes sufridos por el Patrimonio Histórico-Artístico español no han venido de la mano de guerras e invasiones, sino de las consecuencias de tres calamidades acaecidas en el decurso de los dos últimos siglos: la primera de ellas, la sabia pero nefastamente aplicada Desamortización concebida por Mendizábal; la segunda, la Guerra Civil con su secuela de quema y destrucción de los bienes artísticos tutelados por la Iglesia; y la tercera, la brutal y devastadora especulación inmobiliaria generalizada en España a partir de la década de 1960 y que ha resultado más catastrófica para el Patrimonio español que todas las calamidades, juntas, sufridas a lo largo de los dos últimos milenios. La ambición de unos, la atonía o indeferencia de otros, la absoluta permisividad y complicidad de las Administraciones Públicas y la falta de un ordenamiento jurídico que regulara todas las actuaciones que de una manera u otra afectaban a nuestro Patrimonio, han propiciado la mayor hecatombe cultural sufrida por España a lo largo de toda su Historia, perpetrada a lo largo de los últimos cuarenta años y que, aunque relativamente ralentizada en los últimos años, sigue azotando a los monumentos y bienes artísticos españoles, víctimas de la insensibilidad y de los manejos de aquellos a quienes está encomendado el sagrado deber de protegerlo.

 

En mi calidad de fundador del primer movimiento de defensa del Patrimonio Histórico-Artístico creado en España (la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, legalizada en 1973 con el nombre de Arte en Peligro), apelo a la más alta instancia jurídica de nuestro país, el Tribunal Supremo, para que contribuya a poner fin a la anarquía todavía reinante, emprendiendo determinadas acciones contra aquellos Ayuntamientos que han consumado atentados flagrantes contra el bien más preciado que posee la sociedad española: su Patrimonio Histórico-Artístico. Porque a falta de esas acciones punitivas, de tan alto valor ejemplarizante, todas las Administraciones Públicas de nuestro país y muy especialmente los Ayuntamientos, persisten en su ya inveterada costumbre de atentar contra nuestros bienes artísticos, ya sea de forma directa, ya de manera indirecta al permitir que se consumen aberraciones urbanísticas como las que en el presente documento se denuncian.

 

La impunidad ha sido y sigue siendo el principal caldo de cultivo en el que se gestan los atentados contra el Patrimonio, sustentados todos ellos sobre los pilares de la corrupción. Precisamente por ello y como el estigma de la corrupción, más o menos encubierta, no desaparecerá jamás de nuestro código de comportamientos, sólo acabando con el actual contexto de impunidad conseguirán atajarse los desmanes que no cesan de consumarse, en aplicación siempre de la política de los hechos consumados.

 

 

 

II.  RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

 

Dada la magnitud de los desafueros urbanísticos que se han perpetrado en la práctica totalidad de los Municipios españoles, en el decurso de las cinco últimas décadas, y partiendo del principio axiomático de que tal cantidad de monstruosidades y tan inaudito grado de permisividad y de complicidad no son concebibles si no se ha producido una compra generalizada de voluntades, debe considerarse un hecho probado -que no requiere de mayor y mejor verificación que la que brindan la desmesura, la anarquía y la extraordinaria fealdad de buena parte de los núcleos urbanos (¡y no digamos ya rurales!) de todo el territorio español-, el de que ha existido un contexto generalizado de corrupción en la inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles, ya desde los albores mismos de la década de los 60 hasta nuestros días. Sólo partiendo de esta premisa y descartando la posibilidad de que todos nuestros Munícipes se hayan visto afectados por un síndrome de demencia colectiva, puede comprenderse el hecho de que la armonía y la mesura que habían presidido el crecimiento de nuestros núcleos úrbanos hasta la década de 1950, pasasen a la historia a partir de esos años, iniciándose una carrera desenfrenada por parte de la práctica totalidad de los Ayuntamientos españoles, para ver quien era capaz de consumar el mayor número de barbaridades, en el menor tiempo y en el más sucinto espacio posible. No es concebible que todo esta monumental exhibición de irracionalidad haya podido materializarse sin que Alcaldes, Concejales y Funcionarios municipales con capacidad de decisión no hayan sucumbido a las tentadoras y siempre generosas ofertas realizadas por constructores, promotores y propietarios de fincas e inmuebles, extraordinariamente bien dispuestos a gratificar la benignidad y permisividad de sus proyectos inmobiliarios, cortados siempre por el mismo patrón de la búsqueda del mayor lucro posible, sin tener en cuenta para nada ni los intereses colectivos ni la salvaguarda de la belleza y armonía de nuestras ciudades.

 

La corrupción generalizada en los Ayuntamientos españoles en el plano inmobiliario, ha propiciado la consumación de una serie interminable de atentados de primera magnitud contra nuestro PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, tanto en lo que se refiere a la destrucción de monumentos y edificios de interés, como a la grave profanación de los núcleos históricos de todas las poblaciones españolas, sin excepción ninguna. De este modo y merced al fructífero y lucrativo diálogo entre ediles municipales y promotores inmobiliarios, todas las ciudades españolas han sufrido un galopante proceso de degradación que ha supuesto la DESTRUCCIÓN, en muchos casos irreversible, de sus NÚCLEOS MONUMENTALES, con todo cuanto ello entraña en orden a su empobrecimiento cultural y económico. Y este hecho es tanto más grave y hasta dramático, cuanto que habida cuenta de la enorme antigüedad y relieve histórico de no pocas de nuestras ciudades, esa brutal, desaforada y continuada profanación de la que han sido objeto, ha malogrado para siempre la posibilidad de que varias de ellas -es el caso de Burgos, León, Valladolid, Palencia, Soria...- fueran declaradas PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. De este modo, una sucesión de Consistorios irresponsables y corruptos, ha conseguido destruir en cuarenta años lo que por espacio de siglos y en bastantes casos de MILENIOS habían construido generaciones y generaciones de Españoles, preocupadas y rivalizando siempre en el empeño por modelar unos núcleos urbanos más cuidados, más bellos y hasta exquisitos en toda su prodigiosa carga de hallazgos, innovaciones y matices.

 

En beneficio, pues, de unos pocos, los habitantes de las ciudades que han sufrido ese acelerado proceso de degradación, han visto cercenadas sus posibilidades de enriquecimiento en todos los órdenes, ya desde la presente generación y extendiéndose, de manera irremediable, a todos los de las sucesivas. Porque en un mundo que tiende a la uniformidad y en el que cada vez se valora más la singularidad y la conservación de la memoria histórica, las corrientes turísticas ignoran y marginan a aquellas poblaciones que, como ha sucedido con la inmensa mayoría de las españolas, han renunciado a sus rasgos de identidad y al tesoro de su diferencialidad, en aras de una modernidad impuesta por aquellos a quienes la conservación del Patrimonio estorbaba a sus planes de enriquecimiento merced y a través de la especulación con el suelo.

 

¿Es concebible que el daño descomunal producido a millones de Españoles por todo ese cúmulo de Consistorios indignos pueda quedar impune, librándose sus responsables de la reprobación colectiva que merecen, así como de la vergüenza que debería caer sobre ellos, por el hecho de haber destruido en cuarenta años el Patrimonio tan trabajosa y sacrificadamente modelado por nuestros antepasados? Y todo ello para que centenares de Alcaldes, Concejales y Funcionarios hayan acumulado auténticas fortunas o, en no pocos casos, para que una parte de esos indignos rendimientos fueran a parar a las arcas de los Partidos Políticos que los habían aupado hasta esos cargos.

 

Fieles siempre a esa práctica, tan española, de los hechos consumados, una larga sucesión de Consistorios permisivos y corruptos han consumado cuantos desafueros han querido, sin que el peso de la Ley y el complemento imprescindible de una condena ejemplarizante, hayan caído sobre ninguno de ellos. Cumplidos sus mandatos, Alcaldes y Concejales han abandonado sus cargos, dejando tras de sí una indeseable secuela de atentados incalificables contra el Patrimonio común. Sus aberraciones urbanísticas han quedado y por mor de esta curiosa e indulgente filosofía de impunidad, nadie les ha pedido cuentas jamás por todo el daño que han ocasionado y, mucho menos, por los altísimos rendimientos que esos atropellos contra el Patrimonio y contra el interés general les han proporcionado.

 

 

 

III.  ARGUMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA

 

Como quiera que es jurídica y éticamente inaceptable que los desafueros perpetrados por unos pocos deban pesar, A PERPETUIDAD, sobre las ciudades que los han padecido y sobre los ciudadanos que deben sufrir, día a día, sus consecuencias, tanto desde el punto de vista estético y medio ambiental como en el plano económico ya señalado, el proceso de consolidación de la Democracia en España y el propio imperio de la Ley y de la Justicia deberían exigir la corrección y rectificación de algunos de los más graves atentados contra el Patrimonio que se han consumado, haciéndose los Ayuntamientos correspondientes responsables de los mismos y marcándose unos plazos determinados para llegar a enmendarlos, en aquellos casos en que, por no tratarse de acciones irreversibles, cabe su rectificación o corrección.

 

¿Es cabal y racional que algunas de las barbaridades que se han consumado deban perpetuarse en el tiempo, previsiblemente (dada la solidez de las construcciones modernas) por espacio de SIGLOS, cuando el daño inflingido ha sido de primerísima magnitud y el perjuicio que ello ocasiona a nuestras ciudades, enorme?

 

¿Es cabal que generaciones y generaciones de Españoles deban verse gravemente afectadas y perjudicadas por el hecho de que la corrupción, la anarquía y el caciquismo imperantes en España durante los años finales del franquismo y las primeras décadas de la Democracia, se hayan cebado sobre el Patrimonio Histórico-Artístico Español como ni las guerras, ni las revoluciones, ni la miseria, ni la inquina del tiempo lo habían hecho a lo largo de MILENIOS?

 

¿Es cabal y admisible que por mor de esa institucionalización en la vida española de la política de los hechos consumados, la presente generación y todas las que le sucedan deban sufrir las consecuencias de los desafueros perpetrados por un rimero de políticos y funcionarios corruptos, indignos de las altas responsabilidades que se les habían encomendado?

 

Y lo que es tanto o más importante, ¿no sería determinante para evitar que males semejantes sigan reproduciéndose, el hecho de que algunos de los atentados ya consumados fueran castigados ejemplarmente, comprendiendo de este modo nuestros responsables municipales que el hecho de ostentar los cargos que ostentan no les concede patente de corso ni les faculta para cometer cuantas tropelías contra el interés público les vienen en gana, indefectiblemente arropados en el amplísimo y confortable manto que les procura la permanente invocación a los votos obtenidos en los comicios municipales? Porque los votos que los ciudadanos otorgan a los políticos presuponen que éstos pondrán todo el celo imaginable en la ejecución de su labor y que ésta se desarrollará siempre en el ámbito de las más estrictas y rigurosas legalidad y honestidad. Y subrayo este último término porque aunque los perfiles de la legalidad pueden llegar a ser, merced a las artes de la política, más o menos evanescentes y difusos, los de la honestidad no admiten interpretaciones ni matices posibles, siendo ético todo aquello que beneficia al conjunto de la Comunidad y deshonesto e indeseable aquello que lesiona los intereses generales en beneficio de unos pocos.

 

La Democracia española no estará madura ni nuestra Legalidad preservada, hasta que determinados comportamientos de nuestra dilatada y no tan ejemplar Transición no se vean rectificados, muy especialmente en lo que respecta a la conservación y salvaguarda del más precioso de nuestros legados: el de nuestro acervo histórico y monumental. Dar por buenas las aberraciones cometidas por nuestros Municipios, supone un ultraje para la Razón, una burla para los ciudadanos y un grave demérito para nuestras ciudades. Tres razones lo bastante sustantivas y sólidas como para iniciar un proceso de rectificación que deberá devolver a nuestros más valiosos núcleos monumentales, por lo menos una mínima parte de la dignidad y la grandeza perdidos.

 

 

 

 

IV. ESPECIFICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DENUNCIADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS

 

Como ejemplos especialmente flagrantes que no sólo merecen sino que están reclamando a gritos una rectificación, el autor de la presente denuncia apela a la más alta instancia jurídica española para que inste a los Ayuntamientos que se citan a continuación a que remedie los brutales atentados contra el Patrimonio que también se exponen y que han sido perpetrados en el decurso de las últimas décadas, ocasionando un gravísimo perjuicio a las poblaciones que los han sufrido. Porque ya es hora de que los Españoles empecemos a entender algo que nuestros vecinos europeos comprendieron hace ya mucho tiempo: que en un monumento sobresaliente, resulta tan importante el monumento en sí como el contexto arquitectónico en el que se integra e inscribe. De tal modo que resulta absurdo y, si se me permite, cretino, poner todo el celo del mundo en preservar la integridad de una Catedral cualquiera, al mismo tiempo que se tolera la profanación y destrucción de su entorno. Que ha sido, justamente, la tónica general del proceder de los Españoles en relación con su Patrimonio: se han consumado todas las barbaridades imaginables en el entorno de nuestros monumentos, mientras nuestros responsables municipales tenían a gala el hecho de preservar y proteger los edificios históricos. ¿Históricos? ¿Qué valor histórico pueden tener esos edificios cuando se les priva del contexto en el que florecieron y que les ha arropado a lo largo de siglos o incluso de milenios? (Como sucede en el caso de La Puente de Segovia -el Acueducto-, junto a la que tantas aberraciones han estado a punto de perpetrarse...). Por desgracia, no son precisamente escasos los casos en que nuestros jerarcas municipales no sólo se han cargado el contexto de los monumentos sino también los monumentos mismos. Y ocioso es decir hasta qué punto han debido ser sustanciosas las sumas de dinero percibidas por los ediles municipales, para que hayan osado llevar a término tamañas tropelías contra el Patrimonio común... Pero no existía razón alguna para inquietarse: España es el Reino de la Impunidad y nuestros responsables municipales han podido hacer cuanto les ha venido en gana, fuera o no fuera ajustado a Derecho y a Razón, en la seguridad de que nadie les iba a pedir cuentas por ello y, muchísimo menos, de que habrían de pagar por ello. ¡Cuántos desafueros, cuántos atentados irreparables contra el Patrimonio y contra el interés general de los ciudadanos se habrían evitado si unos cuantos Alcaldes y Concejales hubiesen pagado en la cárcel las barbaridades que habían consentido, untos, cazos, maletines, gratificaciones e incentivos mediante!

 

¿Qué respeto, qué honorabilidad puede merecer una nación en la que todos los delitos e irregularidades en que incurren sus gobernantes, quedan absolutamente impunes?

 

Siendo los Ayuntamientos que se señalan a continuación los únicos responsables de los desafueros que también se especifican -absolutamente inconcebibles de no haber mediado una u otra forma de compensación o de gratificación-, debería exigirse de todos ellos la progresiva demolición de los edificios que han sido irregularmente consentidos, reubicando a sus inquilinos en inmuebles construidos al efecto en otras zonas, de carácter no monumental, de esas ciudades. Habida cuenta de que, como sucede en los casos de Alicante y de Valladolid, son varios los edificios cuya construcción se impugna, debería reclamarse de ambos Municipios la firma de un compromiso por el cual se estableciesen unos plazos determinados, a lo largo de los cuales se iría procediendo a la demolición de los inmuebles cuya ubicación se denuncia, evitando siempre que sus inquilinos pudieran verse afectados, en ningún sentido, por esta ejemplar y ejemplarizante acción en defensa de los supremos intereses de la sociedad española. No son los inquilinos de esas viviendas quienes deben pagar las consecuencias de los errores cometidos, sino los Ayuntamientos que turbiamente los consintieron.

 

Sigue, pues, a continuación la relación de los Municipios en los que se centra la presente denuncia, con la referencia pormenorizada a los puntos concretos de su urdimbre urbana en los que se consumaron los atentados contra el Patrimonio cuya corrección se reclama:

 

 

1. Valladolid

 

1.1.  Manzana formada por varios edificios de descomunal altura, con fachada a la Plaza de la Libertad, Bajada de la Libertad, Calle Echegaray y Plaza Portugalete, que destruyen literalmente el núcleo monumental más importante de Valladolid, formado por la Catedral herreriana, la antigua Colegiata románica, la Iglesia de Santa María de la Antigua, también románica, la Iglesia de Las Angustias (en la que se tutela una de las imágenes más veneradas de la ciudad) y el monumental Teatro Calderón (principal coliseo de Valladolid).-

 

La reciente demolición de varios edificios contiguos a la Catedral -que mantenían oculta la antigua Colegiata románica a expensas de la cual se construyó la Seo vallisoletana-, ha permitido devolver a la Plaza Portugalete su perdida amplitud y belleza, contribuyendo a realzar los cuatro edificios sacros que se distribuyen en torno a ella: la citada Santa Iglesia Catedral, la propia Antigua Colegiata de estilo románico, de la que se conserva una parte nada desdeñable, la bellísima Iglesia de Santa María de la Antigua, con su extraordinaria Torre románica y, por último, la parte posterior de la Iglesia de las Angustias. Resulta ocioso decir que tal acumulación de templos revela que nos encontramos en el núcleo monumental por antonomasia de la ciudad de Valladolid, enriquecido, además, por la presencia del Teatro Calderón, oculto tras los edificios que fueron construidos junto a la última de las iglesias mencionadas.

 

Con una ceguera y una irresponsabilidad que clama al cielo, ya en la primera parte del siglo pasado se permitió edificar varias casas de considerable altura en esa Manzana de la Ignominia que se yergue entre la Plaza Portugalete y la Bajada y Plaza de la Libertad. Consumado ese despropósito, sucesivos Consistorios vallisoletanos, ya en el decurso de las tres últimas décadas, han permitido construir varios edificios más, rivalizando siempre en altura con los precedentes y en estricta aplicación de esa práctica tan española que establece que, cuando un despropósito ha colado, deja el camino expedito para que puedan llevarse a término, acto seguido, todos los dislates y desafueros que se deseen. De este modo y por mor de esta filosofía, los responsables públicos que autorizaron la construcción de los últimos edificios de esta ignominiosa manzana vallisoletana, permitieron alcanzar unas alturas disparatadas, que han consagrado la existencia de un mastodóntico y horrendo manojo de edificios en el punto más sensible del casco urbano de Valladolid y allí donde, si las cosas se hubiesen hecho con un mínimo de racionalidad y de honradez, esta ciudad podría alcanzar su mayor armonía y belleza. Porque la nobleza y monumentalidad de los templos que en ese punto se concentran lo hace posible y porque, fuera de ellos y de esa vergonzante manzana, el resto de las casas que rodean a la Catedral se hallan en perfecta sintonía con ésta y son acordes con la tónica arquitectónica dominante en el Casco Antiguo de la ciudad de Valladolid.

 

El embellecimiento y mejora que para esa capital castellana supondría la demolición de la manzana de edificios señalada, sería de tal calibre, que el Ayuntamiento de la misma, único responsable de su construcción, no debería ahorrar esfuerzos para iniciar el proceso de reubicación de todos los afectados, procediendo a derruir edificios a medida que éstos vayan siendo alojados en las nuevas viviendas que deberán construirse, al efecto, en otras zonas de la ciudad. Es inconcebible que por no afrontar los inconvenientes menores que ello entraña para un número exiguo de ciudadanos y por eludir el coste que ello supondría para el Ayuntamiento, se condene a la ciudad de Valladolid a cargar con la afrenta y el oprobio que para su monumentalidad supone la pervivencia durante SIGLOS de esa auténtica aberración urbanística, perpetrada -sin el menor género de dudas porque de otro modo sería impensable-, a cambio de algún tipo de recompensa otorgada por los promotores de esos engendros arquitectónicos.

 

La desaparición de esa abyecta manzana alumbrada por el Consistorio vallisoletano, daría lugar al nacimiento de una de las Plazas más amplias y con mayor riqueza monumental de toda la geografía española.

 

 

 

1.2. Edificio-Residencia de los P.P. Dominicos, construido en el corazón mismo de uno de los conjuntos monumentales más singulares y valiosos de todo el territorio español, formado por los dos edificios platerescos más valiosos de España -el Colegio de San Gregorio y la Iglesia de San Pablo-, así como por los contiguos Palacio de Villena, Palacio Real (sede de la Capitanía de Valladolid) y Palacio Pimentel o de la Diputación, en el que es tradición que nació Felipe II. La demolición de dicho edificio y la reforma de otros dos construidos frente a San Gregorio, permitirá solicitar y obtener de la UNESCO la declaración de Patrimonio de la Humanidad para este conjunto arquitectónico de la ciudad de Valladolid, de características únicas y fundamental tanto por su riqueza artística como por su relevante valor histórico.-

 

Valiéndose, sin duda, de la influencia que su condición religiosa les otorgaba, los P.P. Dominicos consiguieron que el Ayuntamiento de Valladolid les autorizase a construir un elevado, modernísimo y funcional edificio -destinado a acoger a su Comunidad-, a la vera misma del conjunto monumental más importante y valioso que posee dicha ciudad, al tiempo que uno de los más notables y singulares de Europa: el formado por el Colegio de San Gregorio, con su fachada, patio y capilla extraordinarios, y por la vecina Iglesia de San Pablo que posee la fachada-retablo de mayores dimensiones de nuestro continente. Lo que viene a ser lo mismo que decir de todo el planeta. Y a estos valores debemos sumar el hecho de que el mencionado Colegio acoja en sus salas los fondos del Museo Nacional de Escultura, único de sus características en España y en el mundo.

 

¿Cómo se permitió a los P.P. Dominicos profanar con su sede conventual un conjunto que, si el Ayuntamiento de Valladolid hubiese hecho las cosas como es debido, habría sido declarado Patrimonio de la Humanidad hace ya muchos años? ¿Y cómo, además de incurrir en este despropósito, se agravó el problema construyendo unas viviendas horrendas frente al Colegio de San Gregorio? ¿O, lo que es lo mismo, frente por frente de la fachada plateresca más valiosa que existe, sensiblemente superior a la afamadísima de la Universidad de Salamanca? ¿Se habría permitido construir edificio alguno en el entorno de la fachada de la Universidad salmantina? Entonces, ¿por qué se permitió hacerlo frente al Colegio de San Gregorio, cuando la categoría artística de este conjunto es incluso superior a la de su homóloga salmantina? ¿Se habría permitido a los P.P. Dominicos levantar su feísima residencia conventual junto a cualquiera de los Patios de la Universidad de Salamanca?

 

Una vez consumada tamaña tropelía contra el Patrimonio, ¿tendremos que darla por buena a perpetuidad, permitiendo que envilezca uno de los conjuntos monumentales más extraordinarios de todo el planeta? Parece del más elemental sentido común que debería procederse, cuanto antes, a la demolición de ese aberrante edificio, completando de este modo los costosísimos trabajos de restauración que se están efectuando en sus vecinos el Colegio de San Gregorio y la Iglesia de San Pablo. Y ojalá que a todo ello se sume la integración de esta última en el Museo Nacional de Escultura, permitiendo exponer en ella buena parte de los retablos que, sin el espacio aconsejable para ello, se han venido exponiendo hasta ahora en las salas del citado Colegio.

 

 

 

2. Alicante

 

Frente de edificios construido en la fachada marítima de la ciudad, al pie de la Peña de Benacantil y ocultando literalmente la principal seña de identidad de la ciudad, al tiempo que su primer emplazamiento urbano, que data de época prehistórica y que en su día merecerá la declaración de Patrimonio de la Humanidad, al tratarse de una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo: la antigua Leuka o Gallakanta de la que recibe su nombre la actual Alacant = Alicante, nacida en la ladera de dicha Peña y al pie, por ende, de la vieja acrópolis de la que es heredera directísima el Castillo de Santa Bárbara que corona ese Peñón. La construcción de esa línea de edificios ha envilecido el enclave histórico-artístico-paisajístico más importante y valioso de Alicante, no sólo porque con ella se ha profanado una reliquia histórica de primera magnitud, sino también porque su construcción ha supuesto la desaparición de un viejísimo barrio de pescadores, formado por casitas de escasa altura y notable tipismo.-

 

Toda la ciudad de Alicante, con la única salvedad de su puerto y de su paseo marítimo, constituye un atentado contra esa tónica de mesura, armonía y buen gusto que debería haber presidido el crecimiento de las ciudades españoles y que tan difícil resulta de distinguir en la mayoría de ellas. Desgraciadamente, el daño está ya hecho y no tiene enmienda posible: se han destrozado los Cascos Históricos y la magnitud de los atentados perpetrados hace completamente imposible volver a aquel perdido horizonte de la década de 1950 en el que nuestros núcleos urbanos conservaban aún, en gran medida, la fisonomía que les había venido siendo propia y característica desde mucho tiempo atrás. Es el caso de Alicante, que era una ciudad hermosa y llena de encanto cuya salvaguarda habría hecho hoy las delicias de todos cuantos la visitan. En lugar de eso y como sucede en la inmensa mayoría de las ciudades mediterráneas, quienes viajan a ella se encuentran con un cúmulo de aberraciones urbanísticas difícilmente superable y que repugna a cualquier espíritu mínimamente sensible y culto. Una pésima impresión que a duras penas consigue paliar la belleza del Paseo Marítimo de la ciudad, brillantemente concebido y realizado aunque envilecido también, ¡cómo no!, con la construcción de varios hoteles mastodónticos que lo degradan.

 

La fealdad del núcleo urbano de Alicante y la belleza de su fachada litoral, de su Paseo Marítimo, determinan el que todo el encanto de esta población y, por ende, todos cuantos la visitan, así como quienes residen en ella en sus momentos de ocio, se concentren en la avenida y paseos que discurren paralelos al Puerto y Playa de la ciudad. Es inevitable, pues, que quienes contemplan la ciudad desde ese mirador privilegiado que le otorga su franja litoral, acaben centrando su atención en el único punto de su panorámica urbana que por una parte destaca notablemente sobre toda ella y, por otra parte, no resulta anodino o rabiosamente feo: el Peñón de Benacantil sobre el que se yergue el Castillo de Santa Bárbara, heredero del que fuera el primer emplazamiento, íntegramente amurallado, de la ciudad de Gallakanta > Alakant > Alikante > Leuka. Pues bien, quien situado en el Paseo Marítimo o en las cuidadas instalaciones y establecimientos recreativos anejos al Puerto Deportivo de la ciudad, dirige su mirada hacia el punto más bello de Alicante -el majestuoso Peñón en cuestión- se encontrará con la desagradable sorpresa de descubrir que la primera línea de edificios, todos de considerable altura, cuya construcción se toleró en las décadas pasadas, ocultando los nobilísimos edificios que se encuentran tras ellos y a los que han enterrado literalmente, tapa literalmente la soberbia silueta de Benacantil que distingue y ennoblece a la ciudad y que, en épocas prehistóricas, determinara el que la ciudad de Alicante fuese una de las más importantes de TODO el Mediterráneo. Porque son rarísimos los Puertos Marítimos que poseen un bastión tan imponente y, por ende, inexpugnable. Tan pocas que, en el caso de la Península Ibérica, ninguna ciudad puede competir con Alicante en este sentido. No estamos hablando, pues, de un bien ordinario, sino de un Patrimonio natural e histórico de primera magnitud, que debería haber sido preservado y potenciado por encima de todo. Lejos de esto y actuando con una ceguera y una estulticia que producen auténtico pasmo, los munícipes alicantinos no han cejado en su empeño por esconder y degradar ese impresionante Peñón que, en su calidad de extraordinaria ACRÓPOLIS, justificase el nacimiento de la remota Gallakanta > Leuka en ese punto del litoral mediterráneo ibérico. Y así, y no satisfechos con el despropósito que supone esa primera línea de edificios a derruir, que se inicia en la Calle San Telmo, a continuación del viejo Hotel Palas, y que llega hasta el Paseíto de Ramiro, empeñados en mejorar la barbaridad que habían perpetrado, decidieron consumar una de las mayores atrocidades urbanísticas que se han realizado en España, al trazar una calle entera que recorre buena parte del perímetro  del Peñón, en su fachada marítima más elevada, pintoresca y hermosa. De este modo y después de haber comido una parte de la ladera de la Peña para abrir esa calle y llenarla de edificios por uno de sus flancos, los últimos Consistorios alicantinos, alcanzando un grado supino ora de corrupción, ora de demencia corporativa, ora de ambas cosas a la vez, decidieron hacerse los desentendidos y dirigir su mirada distraídamente hacia el mar, mientras una serie de promotores inmobiliarios levantaban en la Calle Virgen del SOCORRO (¡para mayor escarnio!) una larga sucesión de edificios mastodónticos que ocultan buena parte de la ladera del Peñón de Benacantil y que destruyen literalmente su perspectiva, a la vez que privan de buena parte de su belleza. Porque nada más antagónico con la idiosincrasia de una ACRÓPOLIS PREHISTÓRICA de esa magnitud, belleza y trascendencia histórica, que esa auténtica muralla de ladrillo y hormigón que, en forma de viviendas, esconde hoy buena parte de la otrora nobilísima Acrópolis de Leuka o Gallakanta. ¿Cabe irracionalidad mayor? ¿Cabe ejemplo más flagrante de profanación del Patrimonio?

 

Porque la antigua Leuka debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad y porque los ciudadanos de Alakant no tienen por qué sufrir durante siglos tan brutal atentado contra su más precioso Patrimonio, nuestro ordenamiento jurídico debería obligar al Ayuntamiento de Alicante a proceder a la sucesiva demolición de TODOS los edificios construidos en la primera línea de su fachada marítima, desde la Calle de San Telmo hasta la Plaza de Topete, afectando por ende a las Avenidas de Juan Bautista Lafora y Jovellanos y sustituyendo esa larga sucesión de edificios por las casitas de pescadores que existieron otrora en esa parte de la ciudad y que tan poderosamente contribuían a embellecerla. Si así se hace, Alicante recuperará una parte de su belleza perdida y, al propio tiempo, podrá obtener de la UNESCO esa declaración de Patrimonio de la Humanidad para su Ciudad Vieja que debería convertirse en el principal objetivo de sus responsables públicos. Porque la obtención de esa distinción no sólo embellecerá la ciudad sino que la enriquecerá considerablemente en todos los órdenes.

 

 

 

3. Burgos

 

Edificio Campo situado en uno de los extremos de la Plaza Mayor de la ciudad, principal responsable de la destrucción de la armonía de la misma.-

 

Contestado y repudiado por los Burgaleses desde hace décadas, las altas influencias políticas de la familia propietaria de ese edificio han conseguido sortear todas las acciones que se han emprendido tendentes a forzar su demolición. Una vez más, nuestro ordenamiento jurídico queda en entredicho ante el caso de un edificio aberrante que transgrede los principios más elementales de protección de nuestro Patrimonio y que, sin embargo, consigue perpetuarse en el tiempo merced a las maniobras y componendas de sus propietarios ante los responsables municipales de turno. Es inconcebible que la Plaza Mayor de una población históricamente tan importante como Burgos deba verse envilecida por mor de un horrendo edificio cuya construcción no habría sido tolerada en ningún país civilizado. ¿Cómo es posible que se tolerase tamaño desproposito en la capital histórica de Castilla? Y ¿cómo se entiende que tan estridente desafuero, que vulnera las reglas más elementales de la mesura, de la armonía y del buen gusto, no haya sido demolido todavía?

 

Este nuevo y alevoso atentado contra el Patrimonio Histórico-Artístico, acredita a los Municipios españoles como defensores a ultranza de los hechos consumados, así como grandes adalides de la impunidad y de la complicidad. Lo que, evidentemente, es muchísimo más grave. ¿Cuántas décadas o siglos tendrán que transcurrir para que el Ayuntamiento de Burgos se avenga a cumplir con la Ley y a asumir sus responsabilidades, procediendo a la demolición de ese edificio cuya construcción incomprensiblemente toleró?

 

 

 

4. Ávila

 

El denominado Edificio Moneo, recientemente construido en la Plaza de Santa Teresa o del Mercado Grande, reventando literalmente la armonía de una típica plaza porticada castellana, en la que además existe una valiosa Iglesia románica, la de San Pedro. Todo ello, muy próximo a la Muralla y a una de sus Puertas, la de El Alcázar.-

 

No se conocen datos que permitan establecer que ha existido alguna forma de corrupción en el proceso de aprobación y de construcción del edificio mencionado, pero aun cuando no hubiese sido así, el daño infringido a una población que es Patrimonio de la Humanidad, no es menor. Y por otra parte, si perseguible debe ser la corrupción, no lo debe ser menos la necedad de la que en este caso han hecho gala quienes han permitido que la armonía de un conjunto monumental como el que se encierra entre las Murallas de Ávila, se vea destrozada por la erección de ese edificio disparatado. Porque la filosofía que debería presidir cualquier intervención en el Patrimonio, debería ser la de mantener y preservar a cualquier precio la armonía de poblaciones y conjuntos monumentales, partiendo del principio de que fueron creados a lo largo de siglos por otras generaciones y no por la nuestra y de que NO TENEMOS DERECHO a destruir lo que con tantísimo celo y esmero modelaron quienes nos han precedido. Ahí están las poblaciones o barrios de nueva planta para acoger todas las genialidades y despropósitos alumbrados por los autores contemporáneos, no siendo de recibo que se profane con ellos lo que siempre fue de una manera y nuestra generación tiene el deber de conservar como ha recibido. Quien desee innovar en Ávila, que lo haga en los barrios nacidos allende su recinto amurallado, debiendo ser preocupación de los munícipes de esta población castellana, la de potenciar al máximo su belleza, corrigiendo algunos de los desafueros perpetrados a lo largo del pasado siglo. Ése debe ser el norte de su actuación en esta materia, tratando de evitar por todos los medios el que nada ni nadie consiga alterar en lo más mínimo la belleza y armonía estética de una población que ya sufrió no pocos atentados contra el buen gusto a lo largo del pasado siglo. Es la corrección de esas barbaridades permitidas en el decurso de la pasada centuria lo que debe preocupar a los miembros del Consistorio Abulense, y no el afán por competir en necedad con sus predecesores, consintiendo la consumación de despropósitos como ese Edificio Moneo que de tal modo desentona en una población como Ávila y que, por ende, tan flaquísimo servicio presta a su afamado autor. Y es que cuesta muchísimo trabajo entender cómo un arquitecto de un mínimo nivel puede avenirse a perpetrar tamaño dislate.

 

 

 

5. Tarragona

 

5.1. Edificio de reciente construcción que acoge al Arxiu Históric del Arzobispado de Tarragona y que, concebido dentro de los parámetros minimalistas al uso, oculta un amplio lienzo de la valiosísima Muralla de Tarragona, construida a lo largo de diferentes épocas históricas, sobre un sustrato ciclópeo de época ibérica.-

 

En la parte posterior de la Catedral de Tarragona y a un costado del Palacio Arzobispal de dicha ciudad, construido en un patio anejo a éste, se levanta un anodino edificio de varias plantas que, a priori, parece absolutamente innecesario cuando las amplísimas e infrautilizadas dependencias de que dispone el Arzobispado tarraconense en este punto de la ciudad, podrían haberlo acogido con mucha mayor dignidad. Porque nada más coherente que el hecho de que un Archivo Histórico se aloje en un edificio histórico, y no en un edificio aséptico y de novísima planta que, para mayor absurdo y escarnio de nuestro Patrimonio, ha ido a levantarse junto a uno de los tramos mejor conservados de la Muralla de Tarragona que, inevitablemente, oculta por completo.

 

¿Cómo ha podido consumarse semejante exhibición de mal gusto y de insensibilidad respecto a nuestros bienes culturales? En este caso, al igual que en otro de los precedentes, cabe atribuir a las altas y persuasivas influencias de la Iglesia la materialización de semejante desafuero. Uno más de los numerosísimos perpetrados por dicha Institución y que tan extraordinario quebranto han ocasionado al Patrimonio Histórico-Artístico español.

 

Como en todos los casos precedentes, el disparate consumado por el Arzobispado de Tarragona, contando con la preciosa colaboración del Ajuntament de dicha ciudad, no tiene maquillaje posible: sólo su destrucción puede enmendar el daño que se ha hecho, contando como siempre con el imprescindible concurso del arquitecto o arquitectos de turno, prestos a consumar cualquier aberración que se les encomiende, antes que renunciar a los sustanciosos beneficios que les procura cada nueva obra que realizan. El pundonor y el buen gusto acostumbran a brillar por su ausencia entre los Arquitectos españoles, principalísimos responsables de la extraordinaria fealdad de todas las ciudades españolas. Sin su inapreciable concurso, ni promotores ni Ayuntamientos habrían conseguido alcanzar el imbatible récord que supone haber logrado acabar, en medio siglo escaso, con la belleza y el buen gusto que todas las ciudades y pueblos de nuestro país habían acumulado durante milenios.